La muerte de un adolescente de 16 años en el hospital Goyeneche ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que ningún ciudadano debería hacerse al ingresar a un establecimiento de salud: ¿seré atendido a tiempo? Más allá de que las investigaciones determinen si existió o no una negligencia médica en este caso, los hechos denunciados por la familia revelan una realidad que miles de peruanos conocen desde hace años: la precariedad del sistema público de salud sigue cobrando un alto costo humano.
Según el testimonio de la madre del menor, Raúl ingresó al área de Emergencia con un intenso dolor abdominal y permaneció durante varias horas sin que pudiera realizarse una ecografía debido a la ausencia de un especialista. También denunció que recibió una orden para buscar el examen en un establecimiento privado y que, al regresar, el estado de salud de su hijo había empeorado. Estos hechos forman parte de una investigación en curso y deberán ser corroborados mediante la historia clínica, la necropsia y las diligencias que realicen las autoridades competentes. Sin embargo, incluso si se descartara una responsabilidad individual, persiste una pregunta inevitable: ¿es aceptable que un hospital de referencia no pueda garantizar un examen esencial en una emergencia?
El derecho a la salud está reconocido por la Constitución Política del Perú y ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, que ha señalado en diversas sentencias que este derecho no solo implica el acceso a los servicios de salud, sino que estos sean oportunos, continuos y de calidad. No basta con abrir la puerta de un hospital; el Estado tiene la obligación de garantizar que existan los recursos humanos, los equipos y la capacidad de respuesta necesarios para atender una emergencia.
Lamentablemente, el caso de Goyeneche no parece ser un episodio aislado. La Defensoría del Pueblo ha advertido en reiterados informes sobre las deficiencias en hospitales públicos del país, entre ellas la falta de especialistas, el desabastecimiento de medicamentos, equipos inoperativos y largas esperas en los servicios de emergencia. En Arequipa, el propio hospital Goyeneche ha enfrentado durante años problemas de infraestructura, limitaciones presupuestales y déficit de personal médico, situaciones que han sido reconocidas por las autoridades regionales y sanitarias.
La pandemia de la COVID-19 dejó al descubierto las profundas debilidades del sistema sanitario peruano, pero cuatro años después muchos de esos problemas persisten. La diferencia es que ahora ya no pueden justificarse únicamente por una emergencia sanitaria. La falta de médicos especialistas durante determinados turnos, la dependencia de servicios privados para realizar exámenes urgentes o la sobrecarga del personal continúan siendo parte de la rutina en numerosos hospitales públicos.
Otro aspecto que merece especial atención son las acusaciones realizadas por la madre respecto al trato que habría recibido su hijo. De confirmarse que trabajadores insinuaron, sin sustento, que el adolescente se encontraba bajo los efectos del alcohol o drogas, o que se burlaron de su condición, no solo se trataría de una grave falta ética, sino también de una vulneración al derecho de recibir una atención digna y libre de discriminación. La humanización de la atención médica no es un gesto opcional; forma parte de la calidad del servicio que el Estado está obligado a garantizar.
También corresponde reconocer que la medicina no siempre ofrece respuestas inmediatas. Existen enfermedades que evolucionan rápidamente y cuyo desenlace puede ser fatal aun cuando se actúe conforme a los protocolos. Precisamente por ello, resulta indispensable esperar el resultado de la necropsia y de las investigaciones antes de atribuir responsabilidades individuales. La prudencia no significa indiferencia; significa respetar el debido proceso mientras se exige una investigación transparente y exhaustiva.
No obstante, limitar el debate únicamente a determinar si hubo negligencia médica sería reducir el problema. Si un hospital carece de especialistas durante determinados horarios, si un examen esencial no puede realizarse de inmediato o si las familias deben recorrer establecimientos privados para obtener un diagnóstico urgente, entonces el problema deja de ser individual para convertirse en estructural. Ningún profesional de la salud, por más comprometido que esté, puede suplir con esfuerzo personal las carencias de un sistema que durante años ha acumulado déficits de inversión y planificación.
Cada vez que ocurre una tragedia similar, las autoridades anuncian investigaciones y prometen sanciones si corresponden. Sin embargo, pocas veces esas investigaciones derivan en reformas que eviten que otro paciente atraviese la misma situación. La ciudadanía necesita mucho más que comunicados institucionales; necesita hospitales capaces de responder cuando los minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
La investigación deberá establecer qué ocurrió con Raúl y si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales. Pero, independientemente del resultado, este caso ya deja una lección evidente: un sistema de salud que obliga a esperar, a buscar exámenes fuera del hospital o a enfrentar limitaciones de personal en una emergencia sigue siendo un sistema que tiene una deuda pendiente con los ciudadanos.
Porque cuando una familia acude desesperada a un hospital público no busca privilegios. Busca algo mucho más básico: que el Estado, a través de sus servicios de salud, esté preparado para hacer todo lo posible por salvar una vida.
