La Autoridad Nacional del Agua identificó 226 puntos críticos que requieren intervenciones para reducir el riesgo de inundaciones, huaicos y debilitamiento de suelos. Sin embargo, 21 gobiernos regionales y 113 municipalidades distritales no solicitaron al Fondes los recursos destinados a ejecutar esas obras.
El riesgo ya tiene ubicación, nombre y presupuesto. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó 226 puntos críticos que requieren intervenciones de prevención ante posibles anomalías climáticas asociadas al fenómeno El Niño. También existen recursos públicos destinados a financiar esas acciones.
Pero hay un problema: 21 gobiernos regionales y 113 municipios distritales no solicitaron los fondos disponibles.
La situación abre una interrogante que va más allá de una cifra presupuestal: ¿qué sucede cuando las zonas vulnerables están identificadas, pero las obras que deberían protegerlas siguen esperando?
La información analizada por La República, a partir de una base de datos de la ANA, muestra que los puntos críticos se encuentran distribuidos en distintas regiones del país. En estos lugares se requieren trabajos como limpieza, descolmatación de ríos, protección de riberas y otras intervenciones destinadas a reducir el impacto de eventuales emergencias.
Y mientras las lluvias no esperan trámites administrativos, los recursos permanecen sin ser requeridos.
226 puntos críticos permanecen bajo riesgo
La Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ANA identificó 226 puntos críticos donde existe una necesidad urgente de ejecutar labores de protección.
Estos lugares presentan condiciones que podrían favorecer inundaciones, huaicos, erosión y debilitamiento de los suelos ante eventos climáticos intensos.
El problema no se limita a una región. La información comprende 21 departamentos y 113 distritos, lo que convierte la prevención en un problema de alcance nacional.
Entre las regiones con mayor cantidad de puntos críticos aparece Áncash, con 27 ubicaciones distribuidas en cuatro distritos: Chimbote, Moro, Nepeña y Cáceres del Perú. Para estas intervenciones se estimó una necesidad de S/21,8 millones.
El segundo lugar corresponde a Puno, con 26 puntos críticos ubicados en 16 distritos y un requerimiento de S/21,6 millones.
En Arequipa, la ANA identificó 24 puntos críticos distribuidos en seis distritos: Cháparra, Quicacha, Jaqui, Yauca, Cerro Colorado y Cayma. Para atenderlos se requerían S/23,1 millones.
El problema se repite con diferentes dimensiones en otras partes del país.
El mapa del riesgo también muestra grandes montos pendientes
En Junín, 23 puntos críticos están distribuidos en 18 distritos. El presupuesto requerido alcanza los S/56,7 millones.
Pasco registra 21 puntos críticos en ocho distritos y necesita alrededor de S/44,6 millones para las intervenciones correspondientes.
En Piura, 17 puntos críticos se encuentran en nueve distritos: Buenos Aires, Canchaque, Catacaos, Chulucanas, Querocotillo, San Miguel del Faique, Santa Catalina de Mossa, Sullana y Tambogrande. Para estas acciones se contemplaron S/90 millones.
La dimensión del caso resulta especialmente relevante porque Piura es una de las regiones históricamente expuestas a inundaciones y lluvias intensas.
En Lima, los 13 puntos críticos identificados se encuentran en Chilca, Lurigancho, Pachacamac y San Juan de Lurigancho. El presupuesto requerido supera los S/36,3 millones.
También aparecen Ica, con 12 puntos críticos y más de S/31,7 millones; Huánuco, con 11 puntos y S/16 millones; y Amazonas, con diez puntos que requieren S/24,5 millones.
La lista continúa con Cusco, donde seis puntos críticos requieren S/71 millones; Huancavelica, con seis puntos y S/26 millones; Tacna, con seis y S/8 millones; y La Libertad, también con seis y S/3 millones.
En Lambayeque, cinco puntos críticos requieren S/22,8 millones, mientras que San Martín necesita S/10,8 millones para una cantidad similar de puntos.
El resto de los recursos pendientes corresponde a Madre de Dios, Tumbes, Ayacucho, Moquegua y Ucayali, con montos que van desde los S/885 mil hasta los S/13 millones.
El patrón se repite: la amenaza está localizada, la necesidad económica está calculada, pero la solicitud de recursos no se concretó.
Cuando la prevención llega después de la emergencia
La falta de solicitud de recursos adquiere mayor importancia cuando se observa la respuesta posterior del Estado.
Ante el riesgo climático y la necesidad de intervenir determinadas zonas, el Gobierno aprobó el Decreto de Emergencia N.° 008-2026, mediante el cual destinó S/179 millones para trabajos preventivos.
De ese monto, S/50,5 millones fueron destinados a la instalación de barreras dinámicas en quebradas vulnerables de Lima y Huarochirí.
Otros S/129,4 millones se orientaron a intervenir 70 puntos críticos ubicados en ríos y quebradas de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.
La medida busca reducir el riesgo antes de que las lluvias provoquen daños mayores. Sin embargo, deja una pregunta abierta: ¿qué ocurrirá con los otros puntos críticos identificados por la ANA?
La propia información plantea el problema: si fueron identificados 226 puntos y el decreto contempla intervenciones en 70, quedan 156 puntos críticos fuera de ese paquete de intervención.
Esto no significa automáticamente que los 156 estén abandonados o sin ninguna acción estatal, pero sí evidencia una brecha entre la cantidad de zonas identificadas y las intervenciones contempladas en ese decreto.
El problema no sería solo la falta de dinero
La explicación sobre la demora tampoco es uniforme.
El gobernador de Áncash, Fabián Noriega Brito, sostiene que el principal obstáculo para intervenir en los puntos críticos de su región no sería presupuestal, sino administrativo.
Según su posición, los gobiernos regionales y locales necesitan autorizaciones de la ANA para ejecutar determinadas labores en los cauces. Esa situación, afirma, genera un cuello de botella que puede retrasar trabajos como la limpieza, descolmatación y protección de los ríos.
El planteamiento introduce otro elemento en la discusión: tener presupuesto no garantiza que una obra pueda ejecutarse inmediatamente.
La prevención de desastres requiere coordinación entre diferentes entidades. Si una autoridad identifica un punto vulnerable, pero necesita autorizaciones de otra institución para intervenirlo, cualquier retraso puede reducir el tiempo disponible antes de una emergencia.
Por eso, el problema no puede reducirse únicamente a preguntar quién pidió o no pidió dinero.
También es necesario determinar qué institución tenía la competencia, qué trámite debía realizarse, cuándo se inició y qué obstáculo impidió que los recursos llegaran a la obra.
La prevención tiene una cuenta regresiva
Las cifras permiten observar el problema desde otra perspectiva.
Un punto crítico identificado por la ANA no es necesariamente un desastre. Es una zona donde existen condiciones que pueden aumentar el riesgo frente a determinados fenómenos naturales.
La función de la prevención consiste precisamente en actuar antes de que el río se desborde, antes de que una quebrada se active y antes de que el suelo pierda estabilidad.
Cuando las obras se ejecutan después de la emergencia, dejan de cumplir plenamente esa función preventiva y pasan a formar parte de la respuesta frente al daño.
Por eso, la demora administrativa adquiere una dimensión práctica. Una descolmatación que no se realiza antes de una temporada de lluvias puede convertirse en una intervención de emergencia después de que el cauce se desborde.
El costo también puede cambiar.
Una obra preventiva busca reducir el riesgo con anticipación. Una emergencia, en cambio, puede exigir reconstrucción de vías, atención de damnificados, recuperación de infraestructura y reposición de servicios afectados.
La diferencia entre prevenir y reaccionar puede terminar midiéndose no solo en soles, sino también en daños y vidas afectadas.
¿Quién responde cuando el riesgo ya estaba identificado?
La información disponible permite establecer una cadena de responsabilidades que merece seguimiento periodístico.
La ANA identifica los puntos críticos y determina las zonas donde existen riesgos asociados a los recursos hídricos.
Los gobiernos regionales y municipalidades involucrados deben gestionar las intervenciones que correspondan y solicitar los recursos necesarios cuando cumplan las condiciones establecidas.
El Fondes constituye el mecanismo mediante el cual se canalizan recursos para intervenciones frente a desastres y prevención.
Y el Gobierno nacional puede disponer medidas extraordinarias cuando la situación requiere una respuesta urgente.
El problema aparece cuando esa cadena no funciona a tiempo.
Los 226 puntos críticos representan, en términos periodísticos, 226 lugares donde la prevención tiene un territorio concreto. No se trata de un riesgo abstracto: son ubicaciones que pueden ser monitoreadas, presupuestadas y sometidas a seguimiento.
Por eso, la pregunta central ya no es solamente cuánto dinero existe.
La pregunta es cuánto de ese dinero llegó efectivamente a las zonas donde se necesita y qué obras se ejecutaron antes de que lleguen las lluvias.
El dato que queda pendiente
La información analizada muestra una paradoja difícil de ignorar: el Estado conoce parte de los lugares vulnerables, existen mecanismos para financiar intervenciones y, aun así, numerosas autoridades no solicitaron los recursos correspondientes.
Al mismo tiempo, las autoridades regionales señalan que existen obstáculos administrativos que dificultan la ejecución de determinadas obras.
Ambas situaciones deben ser contrastadas con documentos, fechas, solicitudes, autorizaciones y expedientes de inversión.
Porque identificar un punto crítico es apenas el primer paso.
La verdadera prueba de la prevención comienza después: cuando hay que convertir un mapa de riesgo en una obra terminada antes de que llegue el agua.
Y cuando las lluvias finalmente aparecen, ya no hay trámite que pueda retroceder el tiempo.
Por: Junior Q.
