Cada nueva obra de infraestructura representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población. En el caso del puente Arequipa–La Joya, la expectativa es aún mayor, ya que durante años ha sido presentado como una solución al congestionamiento vehicular que afecta diariamente a miles de conductores. Sin embargo, una inauguración no puede convertirse en el punto final de una obra que todavía genera dudas sobre sus condiciones de seguridad.
La discusión que hoy rodea a este proyecto refleja dos necesidades legítimas. Por un lado, los transportistas respaldan su puesta en funcionamiento porque permitirá reducir tiempos de viaje y aliviar el tráfico en la Variante de Uchumayo, un problema que afecta la productividad y la movilidad de la región. Por otro, los vecinos y asociaciones cercanas al tramo vial solicitan algo igual de importante: que la carretera cuente con señalización, iluminación y todas las condiciones necesarias antes de recibir un flujo constante de vehículos.
El debate no debería centrarse en elegir entre abrir o no abrir el puente. La verdadera pregunta es si la infraestructura está completamente preparada para operar sin poner en riesgo la vida de quienes la utilizarán. Una vía sin señalización adecuada incrementa las probabilidades de accidentes, especialmente durante la noche o para conductores que no conocen el recorrido. La prevención no es un detalle complementario; es parte esencial de cualquier proyecto vial.
A ello se suma un elemento que no puede pasar desapercibido: las observaciones formuladas por la Contraloría respecto a la gestión de riesgos de la estructura. Aunque estas no significan necesariamente que el puente sea inseguro, sí evidencian que existen aspectos técnicos que requieren atención y transparencia. Cuando un organismo de control identifica observaciones, corresponde a las autoridades responder con información clara y acciones concretas, no dejar espacio para las dudas.
Tampoco ayuda que, en medio de la controversia, la ciudadanía no tenga certeza sobre el resultado de las pruebas de carga o sobre el estado final de las evaluaciones técnicas. En obras de esta magnitud, la confianza pública se construye con información verificable y oportuna, no únicamente con anuncios de inauguración.
Arequipa necesita con urgencia infraestructura moderna y eficiente, pero también necesita que las obras públicas sean ejecutadas con responsabilidad. Inaugurar un puente algunos días antes no representa un logro si posteriormente deben corregirse aspectos que pudieron resolverse antes de su apertura.
Más que cortar una cinta, el verdadero éxito de una obra pública se mide cuando los ciudadanos pueden utilizarla con la certeza de que fue construida bajo criterios de seguridad, planificación y transparencia. Si el puente Arequipa–La Joya cumplirá un papel clave en el desarrollo regional, entonces merece iniciar su funcionamiento sin improvisaciones y con todas las garantías que la población espera.
