La muerte de un niño de siete años, luego de ser atendido inicialmente en el Hospital Goyeneche y posteriormente trasladado a una clínica privada, ha conmocionado a Arequipa. La familia denuncia que existió negligencia médica y que el menor fue derivado por un médico a un establecimiento particular, donde perdió la vida durante el procedimiento. Mientras las investigaciones avanzan y dos médicos permanecen detenidos de manera preliminar, el caso ha abierto un debate que va mucho más allá de las responsabilidades individuales.
Cuando una familia acude a un hospital público, lo hace buscando atención oportuna y segura. Nadie imagina que una fractura pueda terminar en una tragedia. Si las investigaciones confirman que existió un aprovechamiento de la necesidad de los pacientes para derivarlos a una clínica privada, no solo estaríamos frente a una presunta mala práctica médica, sino también ante una grave falta ética que socava la confianza en todo el sistema de salud.
Sin embargo, este caso también obliga a mirar un problema más amplio. Los hospitales públicos enfrentan limitaciones de infraestructura, equipos y personal que muchas veces generan largas esperas para intervenciones médicas. Esa realidad no puede convertirse en una justificación para que los pacientes sientan que la única alternativa es recurrir a servicios privados vinculados con quienes los atienden.
Más allá de las responsabilidades penales que determine la Fiscalía, el Estado debe garantizar una investigación transparente y sanciones ejemplares si se comprueba alguna irregularidad. La ciudadanía necesita saber que hechos como este no quedarán impunes y que existen mecanismos para proteger a los pacientes.
La medicina es una profesión basada en la confianza. Cada decisión que toma un profesional de la salud puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, cuando esa confianza se rompe, no solo pierde una familia; pierde toda la sociedad.
El dolor de los padres de este niño no puede quedar reducido a una noticia más. Debe convertirse en un llamado para revisar los controles dentro del sistema sanitario, fortalecer la supervisión de los establecimientos públicos y recordar que el bienestar del paciente siempre debe estar por encima de cualquier interés económico o personal. Solo así será posible recuperar la confianza en instituciones creadas para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo.
Por: J.O.
