El gobierno mexicano definió la decisión de Perú como «desproporcionada», por una acción legítima de México, apegada al derecho internacional, indicando que el asilo diplomático a Chávez Chino fue realizado legalmente, refiriéndose a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 de la que Perú y México forman parte.
Por su parte la Cancillería mexicana indicó que Betssy Chávez comentó que fue objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del gobierno peruano, tras su captura en 2023.
A trávez de un comunicado, la secretaria de México, informó que la medida se tomó tras una evaluación minuciosa.
