Cifras y denuncias sobre niñas víctimas de violencia sexual, incluida la situación reportada en comunidades awajún, reabren el debate sobre los derechos de la niñez, el aborto terapéutico y la respuesta médica e institucional.
En el Perú, ser niña y víctima de violencia sexual puede significar enfrentar un embarazo producto de una agresión. Los casos reportados en comunidades indígenas awajún, junto con las denuncias sobre menores afectadas por VIH, han puesto en evidencia las dificultades para garantizar atención médica, protección y acceso a la justicia en zonas vulnerables.
No se trata únicamente del embarazo. Las menores deben enfrentar también consecuencias físicas, emocionales y sociales derivadas de la violencia sexual, mientras sus casos requieren una respuesta oportuna por parte de las instituciones responsables de su protección.
Maternidad forzada en cifras
Durante 2025, 993 niñas se convirtieron en madres, según las cifras citadas por la Asamblea Verde. La organización señala que la mayoría de estos casos estuvieron relacionados con agresiones sexuales.
Frente a esta situación, la Asamblea Verde impulsa el lema “Madres por decisión, no por obligación: aborto legal ahora”, con el objetivo de visibilizar a las niñas que enfrentan embarazos producto de violencia sexual y defender su autonomía corporal.
Aborto terapéutico y respuesta del Estado
En el Perú, el aborto está penalizado, salvo el aborto terapéutico, que puede realizarse cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la gestante. Sin embargo, organizaciones como Manuela Ramos han denunciado dificultades para acceder a este procedimiento.
La situación de las comunidades awajún y las demandas de la Asamblea Verde colocan nuevamente en el debate la respuesta del Estado frente a las niñas víctimas de violencia sexual. El acceso oportuno a servicios de salud, protección y justicia continúa siendo uno de los principales desafíos frente a esta problemática.
