La denuncia penal ante la Fiscalía también alcanza a los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, además de sus respectivos ministros de Justicia, por permitir la continuidad de María Caruajulca Quispe en la Procuraduría General del Estado.
¿Por qué denuncian a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora Caruajulca Quispe?
La Fiscalía de la Nación recibe una denuncia penal contra la presidenta Keiko Fujimori por presunta omisión al no declarar la vacancia de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, pese a que esta ocultó un proceso penal activo en su contra. La denuncia, presentada el 24 de setiembre, señala que Fujimori y su ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, tienen la obligación legal de cesarla y no lo hacen. La acusación no se limita al actual Gobierno: también alcanza a la expresidenta Dina Boluarte y a cuatro de sus ministros de Justicia, al expresidente José Jerí y a su ministro, y al expresidente José María Balcázar junto a su ministro, quienes, según el denunciante, tienen en algún momento la posibilidad de cesar a Caruajulca y optan por no hacerlo.
¿Qué antecedentes penales tiene la procuradora Caruajulca Quispe?
Caruajulca Quispe es restituida en el cargo en mayo de 2024, mediante una resolución suprema que ejecuta una sentencia de amparo. El problema, sostiene la denuncia, radica en que meses antes de esa restitución ya enfrenta un proceso penal formalizado por el propio Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia como agraviado directo. Además, el 26 de enero de este año, el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dicta una sentencia condenatoria de primera instancia en su contra, por lo que, cuando el actual Gobierno asume funciones, la procuradora ya no solo tiene un proceso abierto, sino una condena judicial que, según el denunciante, agrava su situación y refuerza la obligación de cesarla.
¿Qué informe fiscal reactivó el caso contra la procuradora Caruajulca Quispe?
La denuncia cobra fuerza a partir de un documento que ya existe dentro del propio Ministerio Público: el 16 de julio, el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana firma un informe en el que pide autorización para investigar penalmente a Caruajulca por ocultar, al asumir nuevamente el cargo, que tiene un juicio pendiente por el mismo delito de omisión de actos funcionales. Ese informe permanece en reserva hasta que el diario Expreso lo da a conocer el 17 de setiembre, lo que lleva al Senado a citar al ministro Álvarez a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que explique la situación. La denuncia se apoya, además, en una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que sostiene que «el error no genera derecho», con lo que argumenta que la restitución de Caruajulca en el cargo está viciada desde el inicio.
Por: Zendel
