La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación preliminar seguida contra la presidenta Dina Boluarte. De la misma manera varios exministros de Estado por la presunta omisión de actos funcionales. Todo ello durante los incendios forestales registrados entre agosto y septiembre de 2024 en distintas regiones del país.
La decisión fue formalizada mediante una disposición emitida por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Ello tras la revisión de la carpeta fiscal correspondiente. El Ministerio Público concluyó que no se configuraron los elementos del delito previsto en el artículo 377 del Código Penal, referido a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Según la resolución, no se acreditó que la mandataria ni los integrantes de su gabinete hayan incumplido un deber funcional directo e incondicionado exigido por la ley. Asimismo, se descartó la existencia de dolo o voluntad deliberada de retrasar las acciones del Ejecutivo. Durante la emergencia ambiental ocasionada por los incendios.
Investigaciones a exfuncionarios del Consejo de Ministros
La investigación también comprendía a exfuncionarios como el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Así también los exministros de Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, Defensa y Salud. Las denuncias ciudadanas señalaban una presunta inacción del Gobierno. Además la demora injustificada para declarar el estado de emergencia en las zonas afectadas.
En su análisis, la Fiscalía evaluó los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Determinó que la declaratoria de emergencia requiere informes técnicos previos que acrediten la superación de la capacidad de respuesta regional. En este caso, el informe del Instituto Nacional de Defensa Civil fue emitido el mismo día de la publicación del decreto supremo, el 18 de septiembre de 2024.
El Ministerio Público precisó que no existe un plazo legal obligatorio para declarar una emergencia sin sustento técnico. Con estos argumentos, resolvió no formular denuncia constitucional y archivar de manera definitiva la investigación.
Redactado por: Jessimiel Rosas
