Redacción: Tatiana Colque Toledo
Este martes 17 de marzo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras en el país. Se trata de la Ley General de Minería con el supuesto objetivo de “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”, además de introducir mayores exigencias de producción, inversión y pago de derechos.
El texto sustitutorio concentra varias iniciativas parlamentarias y propone, entre otras medidas, acortar plazos de caducidad de concesión, exigir inversión mínima y establecer penalidades y prórrogas condicionadas.
Uno de los cambios relevantes, es la modificación del plazo de las concesiones mineras que no registran actividad durante los 15 años establecidos que propone el dictamen, modificando el plazo actual de 30 años. Si en ese lapso de tiempo, no se registra la producción mínima anual exigible por hectárea y haber realizado una inversión mínima, el titular perdería automáticamente el derecho.
Según los especialistas, esto podría afectar drásticamente la planificación de proyectos mineros de gran escala y limitar futuras inversiones, pues la liberación de áreas no garantiza que entren operadores formales; sino que puede aumentar la ocupación irregular y los impactos ambientales por parte de minerías informales o ilegales.
