La contaminación de la cuenca Llallimayo, en la provincia de Melgar, Puno, continúa generando preocupación entre las comunidades de Cupi, Umachiri, Ayaviri y Llalli. Después de más de 16 años de reclamos, los pobladores volvieron a expresar su frustración ante la falta de una solución definitiva. El 13 de julio de 2026, una delegación llegó para protestar luego de que los ministros no se presentaran a una reunión previamente acordada. Como muestra de su indignación, algunos manifestantes se quitaron sus prendas.
El reclamo no solo está relacionado con la falta de respuesta de las autoridades, sino también con la preocupación por la calidad del agua y sus posibles efectos en las comunidades. Los pobladores denuncian la presencia de metales pesados y cuestionan que, pese a los compromisos asumidos, la problemática continúe. En un reportaje de la Municipalidad Provincial de Melgar-Ayaviri, un comunero afirmó que se estaría tratando el agua, pero que la contaminación continuaría y mencionó la presencia de “PH3”. Este último dato corresponde al testimonio del poblador y requiere una verificación técnica para determinar con precisión la sustancia a la que se refiere. La preocupación por la presencia de metales pesados en la zona no es nueva: en 2026 se han realizado acciones de vigilancia y tamizaje en población de la cuenca.
La situación también involucra a la minera Aruntani S.A.C., señalada por los pobladores como responsable de la contaminación. En 2023, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno abrió una investigación preliminar contra representantes de la empresa por la presunta comisión de delitos ambientales; entre los investigados figuró Guillermo Shinno Huamaní, entonces gerente general de Aruntani. Actualmente, Shinno es ministro de Energía y Minas y una investigación fiscal por presunta contaminación ambiental vinculada a Aruntani continúa siendo parte de los cuestionamientos sobre su gestión.
Una cuenca que sigue esperando respuestas
Las 12 mesas de trabajo instaladas para abordar la problemática tampoco han generado, según los pobladores, una respuesta suficiente. Las comunidades cuestionan la actuación de entidades públicas como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de las autoridades responsables, mientras consideran que las mesas de diálogo realizadas hasta ahora no han permitido solucionar la emergencia que denuncian.
La problemática de Llallimayo lleva años siendo discutida por autoridades y organizaciones sociales. En 2023, la Municipalidad Provincial de Melgar informó que entre los temas abordados se encontraba la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas en el distrito de Llalli, además del descarte de metales pesados en personas de la cuenca y el monitoreo de las aguas.
Mientras las reuniones continúan, las comunidades de Melgar siguen esperando acciones concretas. Para los pobladores, la actividad minera debe estar acompañada de una verdadera responsabilidad social y ambiental, mientras el Estado debe garantizar la protección del ecosistema y de las personas que viven en su entorno. La cuenca Llallimayo no solo representa una fuente de agua: también forma parte de la vida cotidiana y de las actividades de las comunidades que hoy exigen que los compromisos de las autoridades se conviertan en soluciones.
