Un grupo de dirigentes del Frente de Organizaciones Populares de Puno llamó la atención sobre la enorme cantidad de carpetas fiscales abiertas contra dirigentes locales, como parte de la persecución política del gobierno de Dina Boluarte en su contra.
Uno de ellos, Juan Chipana, expresó: «El sistema nos ha arrinconado y esto es producto de que muchos compañeros a nivel nacional tienen procesos fiscales por doquier. Lamentablemente, así está operando el gobierno, pero nosotros no podemos quedarnos ahí; debemos seguir adelante».
Cabe recordar que, según directivas del gobierno durante las protestas, los dirigentes de grupos de izquierda eran considerados como miembros del grupo Sendero Luminoso, lo cual se vio reflejado en la forma en que se ejecutaban los operativos policiales en su contra.
Por otro lado, la Fiscalía denunció a muchos dirigentes por disturbios, incluso si no estaban en la ciudad el día de los hechos, lo que los obliga a asistir a diligencias y rendir declaraciones, a lo que se suma el riesgo de una eventual condena.
El caso más conocido es el de aquellos que participaron en el “Aimarazo”, quienes afrontaron un largo proceso penal durante años. Wálter Aduviri, por ejemplo, se ha visto obligado a pasar a la clandestinidad, a pesar de que no se ha demostrado su responsabilidad directa en tal caso.
Esta práctica ha sido denominada «lawfare», es decir, el uso del sistema de justicia para el acoso político. Este es uno de los muchos factores que han estado afectando la organización social.
