La defensa del estudiante sostiene que los dos docentes que viajaban en el vehículo tenían un deber de protección y podrían responder por presunta comisión por omisión. La responsabilidad será determinada durante la investigación.
La defensa del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, víctima de una presunta agresión sexual durante el traslado escolar, anunció acciones legales contra los adultos que se encontraban en el bus al momento de los hechos. El abogado de la familia, Jorge Petrozzi, señaló que podrían afrontar una pena de hasta 30 o 31 años de prisión, dependiendo de las responsabilidades que establezca la investigación.
Abogado cuestiona inacción de adultos durante agresión en el bus
Jorge Petrozzi calificó como una presunta “omisión criminal” la actuación de los adultos que se encontraban en el vehículo y sostuvo que tenían el deber jurídico de proteger a los estudiantes. Según explicó, la defensa plantea que podrían ser investigados bajo la figura de comisión por omisión, contemplada en el artículo 13 del Código Penal.
El abogado indicó que los involucrados deberán ser interrogados para determinar qué ocurrió y por qué no intervinieron. Asimismo, precisó que tendrán derecho a ejercer su defensa y explicar las circunstancias en las que actuaron durante el traslado de los estudiantes.
¿Cuántos adultos estaban en el bus del Liceo Naval?
Según lo señalado por la defensa, tres adultos se encontraban en el bus
1 chofer: Cuya responsabilidad se delimita únicamente a la conducción del bus, sin la función legal ni el deber de tutoría sobre los menores.
2 profesores del colegio: Sobre quienes recae la principal responsabilidad legal por tener el deber directo de custodia y protección de los estudiantes.
Petrozzi sostuvo que la situación del conductor sería diferente, debido a que su función principal era manejar el vehículo y no tendría el mismo deber de custodia que los docentes. En cambio, la defensa cuestiona la actuación de los dos adultos vinculados al colegio y considera que su participación debe ser investigada.
Investigación determinará responsabilidades
La defensa sostiene que, si se acredita que los adultos tenían la obligación de impedir la agresión y no actuaron, podría evaluarse una responsabilidad penal bajo la modalidad de comisión por omisión. Sin embargo, la eventual responsabilidad y la pena que correspondería deberán ser determinadas por las autoridades competentes, luego de las investigaciones y del debido proceso.
El caso continúa generando cuestionamientos sobre los protocolos de protección y supervisión de estudiantes durante los traslados escolares, mientras la familia de la víctima exige que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.
