El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, autorizó una transferencia de S/ 6,6 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para financiar estudios técnicos relacionados con el cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, vinculada a Aruntani, empresa en la que trabajó como gerente general entre 2019 y 2022.
La decisión generó cuestionamientos por un posible conflicto de intereses debido a los vínculos laborales previos del funcionario con la compañía y a los antecedentes ambientales relacionados con sus operaciones en Moquegua y Puno.
Según la información difundida por el dominical Punto Final, la transferencia se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 407-2026-MINEM/DM, publicada en septiembre de 2026. El documento autoriza el desembolso de S/ 6 624 555 para financiar la modificación del plan de cierre de minas y la elaboración del expediente técnico de un proyecto de remediación ambiental en Carumas, Moquegua.
Minem transfiere recursos para estudios de cierre de Florencia-Tucari
Los S/ 6,6 millones corresponden a una primera etapa del proyecto de remediación de suelos afectados por la actividad minera en componentes declarados incumplidos. La ANIN utilizará los recursos para elaborar los documentos técnicos necesarios para la intervención.
La medida se sustenta en la Ley N.° 32732, que establece mecanismos para transferir recursos del Ministerio de Energía y Minas a la ANIN para proyectos relacionados con el cierre de minas incumplidos y la remediación de pasivos ambientales.
El principal cuestionamiento está relacionado con la participación de Shinno en la autorización de recursos públicos después de haber ocupado un cargo directivo en Aruntani. Esta situación plantea la necesidad de conocer si se evaluó formalmente un posible conflicto de intereses y qué mecanismos se aplicaron para garantizar la transparencia de la decisión.
No obstante, el vínculo laboral previo no demuestra por sí solo una irregularidad. La determinación de eventuales responsabilidades requiere evaluar las circunstancias de la autorización y las normas aplicables al funcionario.
Florencia-Tucari tiene antecedentes de afectación ambiental en Moquegua
La unidad minera Florencia-Tucari, ubicada en el distrito de Carumas, registra antecedentes relacionados con sus obligaciones de cierre y la afectación de recursos hídricos.
Un informe de causalidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), elaborado en 2020, identificó problemas vinculados al drenaje ácido de mina y examinó componentes de la operación minera relacionados con la unidad hidrográfica Coralaque.
Además, la información proporcionada para esta nota señala que las sanciones impuestas a Aruntani por infracciones ambientales superarían los S/ 128 millones. Este monto debe contrastarse con las resoluciones correspondientes para precisar qué sanciones quedaron firmes y cuáles fueron impugnadas.
En relación con el cierre de la unidad minera, también se reportó la ejecución de garantías por más de US$ 8 millones. Estos recursos no deben confundirse con el costo total de las medidas de remediación.
La intervención prevista por la ANIN tendría un costo estimado de S/ 1 114 millones. Sin embargo, esa cifra corresponde al presupuesto global estimado del proyecto y no a los S/ 6,6 millones autorizados para elaborar los estudios técnicos.
Aruntani también está vinculada a la problemática ambiental de Llallimayo
Los antecedentes ambientales de la compañía incluyen la unidad minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, Puno, y relacionada con la problemática de contaminación de la cuenca Llallimayo.
En mayo de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno informó que, durante una inspección, encontró una tubería que vertía aguas ácidas hacia un río de la quebrada Lluchusani sin autorización de la autoridad del agua. El Ministerio Público anunció que investigaría los hechos para determinar las posibles responsabilidades.
La problemática de Llallimayo ha generado preocupación entre los pobladores de Ocuviri, Llalli, Cupi y Umachiri por sus posibles consecuencias para los recursos hídricos y las actividades agrícolas y ganaderas.
En septiembre de 2026, la Defensoría del Pueblo todavía registraba este caso como un conflicto socioambiental en fase de acuerdos.
Aunque ambos casos involucran a unidades mineras vinculadas a Aruntani, la situación de Llallimayo en Puno es distinta del proyecto de cierre y remediación de Florencia-Tucari en Moquegua.
Queda pendiente conocer la evaluación del posible conflicto de intereses
La transferencia de S/ 6,6 millones abre interrogantes sobre los mecanismos de control aplicados a las decisiones públicas relacionadas con empresas en las que los funcionarios ocuparon cargos anteriormente.
Entre los aspectos que requieren aclaración figuran la evaluación del posible conflicto de intereses, el sustento técnico de la transferencia y los mecanismos de supervisión del uso de los recursos públicos.
Asimismo, será necesario conocer los avances de los estudios financiados y los plazos previstos para ejecutar las medidas de remediación ambiental.
Por: Katherine Pastor
