Roberto Sánchez Palomino, dirigente de Juntos por el Perú y excandidato presidencial, afrontará un juicio oral desde el 18 de diciembre de 2026 por presuntas irregularidades en la información financiera de su organización política presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión contra el político.
El Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima programó la audiencia de manera virtual y estableció que tendrá carácter inaplazable. Si el acusado no se presenta sin justificación, el juzgado podría declararlo reo contumaz y ordenar su ubicación y captura.
Fiscalía investiga presuntas irregularidades en los aportes del partido
Según la acusación fiscal, durante las campañas electorales de 2018 y 2020 se habrían recibido aportes de militantes y personas interesadas en postular a cargos públicos que no fueron declarados correctamente ante la ONPE.
La investigación comprende movimientos bancarios que, según el Ministerio Público, no coincidirían con los ingresos consignados en determinados reportes financieros de Juntos por el Perú.
Entre las operaciones señaladas figuran depósitos de aproximadamente S/ 204.951 en una cuenta a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del dirigente, y otros S/ 75.750 en una cuenta mancomunada vinculada a tesoreros de la agrupación.
La Fiscalía también menciona transferencias hacia una cuenta personal de Roberto Sánchez. Estos movimientos forman parte de los elementos que deberán examinarse durante el proceso judicial y no constituyen, por sí solos, una determinación de responsabilidad penal.
Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión
La acusación comprende los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicita la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer la presidencia de Juntos por el Perú.
Durante el juicio oral, el órgano jurisdiccional deberá evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa antes de emitir una decisión.
Defensa cuestiona la responsabilidad atribuida al dirigente
La defensa de Roberto Sánchez ha señalado que los informes financieros fueron elaborados por el contador y el tesorero de la agrupación política, y ha cuestionado la responsabilidad atribuida al dirigente por la información presentada ante el organismo electoral.
Asimismo, presentó recursos para cuestionar parte de la imputación, incluido un pedido relacionado con la prescripción de uno de los presuntos delitos. La situación de estos recursos debe verificarse con las resoluciones judiciales más recientes.
El caso también incluyó una imputación por presunto fraude en la administración de personas jurídicas, extremo que, según la información proporcionada, fue archivado. El juicio oral se centrará en los cargos que continúen vigentes.
La audiencia permitirá que las partes expongan sus argumentos y presenten los elementos que consideren pertinentes. La responsabilidad penal de Roberto Sánchez deberá determinarse en el marco del proceso judicial.
Por: Katherine Pastor
