El Poder Judicial no aceptó el pedido del expresidente Pedro Castillo para que se archive la investigación en su contra por el presunto liderazgo de una organización criminal.
La solicitud fue desestimada por el juez Juan Carlos Chekley, quien determinó que los hechos atribuidos por la Fiscalía vinculados a los casos Ministerio de Vivienda, Puente Tarata y PetroPerú configuran delitos contra la administración pública superando así el umbral penal exigido por ley.
El exmandatario se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva y enfrenta también un juicio oral por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.
