En medio de un evento sobre derechos humanos, la presidenta Dina Boluarte juzgó la labor que cumplen algunas ONG, acusándolas de priorizar la defensa de criminales en lugar de apoyar a la Policía Nacional del Perú o a las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a la mandataria no se debe permitir que las garantías constitucionales sean usadas como un «arma ideológica» para debilitar la institucionalidad del país.
Sus declaraciones generaron controversia, debido a que Boluarte se encuentra afrontando investigaciones por los fallecid*s durante las protestas que marcaron el inició de su mandato.
Según informes de Amnistía Internacional la administración de la Jefa de Estado tendría responsabilidad en presuntas violaciones a los derechos humanos.
