El asesinato de Susy Aponte generó pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Defensoría del Pueblo. Las instituciones condenaron el crimen ocurrido este sábado 19 de septiembre en Caraz y reclamaron medidas para garantizar la seguridad de candidatos y candidatas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
JNE pide investigar el crimen
El JNE expresó su “más enérgica condena” por el atentado que terminó con la vida de Aponte. El organismo también manifestó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.
La institución sostuvo que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática. Por ello, exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos con diligencia y celeridad. También pidió esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades conforme a ley.
El JNE reafirmó, además, su compromiso con un proceso electoral pacífico, libre y democrático. En ese sentido, destacó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para las organizaciones políticas y candidaturas.
ONPE y Defensoría reclaman seguridad electoral
La ONPE llamó a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los candidatos que participan en el proceso electoral. También pidió a las instituciones responsables de la seguridad nacional mantenerse alertas durante esta etapa.
El organismo electoral señaló que continuará coordinando con las autoridades las medidas necesarias. El objetivo es que los comicios se desarrollen de manera segura y transparente.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo condenó el asesinato y expresó su preocupación por las condiciones de seguridad de los candidatos. Según la institución, Aponte había denunciado previamente amenazas de muerte y actos de corrupción mediante su plataforma periodística.
La Defensoría también recogió la preocupación de comerciantes y ciudadanos de Caraz. Estos reportaron una limitada presencia policial en los mercados y cuestionaron la tardía llegada de efectivos ante las llamadas de auxilio. Ante esta situación, la institución exhortó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a adoptar medidas urgentes de prevención y protección para candidatos y candidatas.
Susy Aponte había denunciado amenazas
El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando Aponte participaba en una actividad proselitista en las inmediaciones del mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas. El hecho dejó cinco personas heridas y provocó la muerte de la candidata.
Un presunto autor de los disparos fue intervenido y quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, según la información preliminar recogida por la Defensoría.
El Ministerio Público inició una investigación preliminar para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes. La Fiscalía investiga el caso bajo la calificación preliminar de presunto feminicidio. Esta denominación corresponde a la etapa inicial de investigación y no constituye una decisión judicial definitiva.
Nueve días antes del ataque, Aponte denunció públicamente que había recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Según su propio relato, en esas comunicaciones le advirtieron sobre un supuesto atentado contra su vida. La periodista también afirmó que había comunicado las amenazas a las entidades correspondientes.
Estas declaraciones corresponden a una denuncia pública realizada por Aponte. Por sí solas, no establecen responsabilidad penal de las personas que mencionó.
El asesinato de Susy Aponte deja ahora una investigación abierta para determinar las circunstancias del crimen. Las autoridades deberán establecer también si las amenazas denunciadas previamente guardan alguna relación con el ataque ocurrido en Caraz.
Por: Junior Q.
