El Ministerio de Energía y Minas propone que determinados proyectos de exploración minera de hasta 10 plataformas obtengan su certificación ambiental mediante aprobación automática. La medida busca reducir los tiempos de trámite, pero también plantea preguntas sobre la evaluación previa de los posibles impactos y el control posterior de las actividades.
Propuso modificar el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera e incorporar una nueva Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA). El mecanismo estaría dirigido a proyectos que contemplen entre una y 10 plataformas de perforación y cuyos impactos ambientales sean considerados no significativos.
La diferencia principal está en la forma de obtener la certificación. Según la propuesta, la DJA estaría sujeta a aprobación automática, por lo que, a diferencia de otros instrumentos ambientales, no habría una evaluación técnica previa de la autoridad antes de otorgar la certificación. El proyecto fue publicado el 29 de septiembre y se encuentra en consulta pública durante 15 días calendario para recibir comentarios de entidades, empresas y ciudadanía.
¿Qué significa realmente una aprobación automática?
Actualmente, los proyectos de exploración están sujetos a diferentes instrumentos ambientales dependiendo de su magnitud. El Ministerio del Ambiente señala que los proyectos de menor escala se encuentran dentro de la Categoría I del SEIA, mientras que proyectos con mayores niveles de intervención pueden requerir instrumentos de una categoría superior.
El cambio propuesto por el Minem no elimina la certificación ambiental para los proyectos incluidos en la nueva categoría. Lo que modifica es el mecanismo mediante el cual esta se obtiene: la autoridad recibiría la Declaración Jurada y el procedimiento tendría aprobación automática, siempre que el proyecto cumpla las condiciones establecidas.
Esto es relevante porque el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene entre sus objetivos la identificación, prevención y corrección anticipada de impactos ambientales negativos significativos.
¿Dónde podría estar el principal riesgo?
El punto que merece mayor atención es la evaluación previa. Si un proyecto de exploración cumple los requisitos de la nueva DJA, la autoridad no realizaría una evaluación técnica previa para decidir si otorga o no la certificación. Por ello, el control posterior y la fiscalización de lo declarado por la empresa adquirirían mayor importancia.
Esto no significa que una exploración de hasta 10 plataformas vaya necesariamente a generar contaminación o daños ambientales. La propuesta está dirigida precisamente a proyectos cuyos impactos sean considerados no significativos.
Existe un antecedente que ayuda a entender la importancia de esta discusión. En 2017, el Ministerio del Ambiente explicó que una figura anterior de aprobación automática permitía iniciar determinadas exploraciones sin una evaluación técnica previa de la autoridad ambiental. Posteriormente, el marco regulatorio fue modificado para adecuar la exploración minera al SEIA.
AREQUIPA
El caso resulta relevante para Arequipa porque la región reúne ocho proyectos dentro de la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026, con una inversión conjunta de US$145.1 millones, el segundo mayor monto regional del país.
Los proyectos identificados por el Minem son:
- Daniela, en Caravelí: 20 plataformas.
- Iluminadora, en Castilla: 15 plataformas en su programa actual.
- Los Chapitos o Costa de Cobre, en Caravelí: hasta 280 plataformas.
- Paka, en Caravelí: 40 plataformas.
- Esperanza, en Condesuyos: 38 plataformas.
- Lantana, en Caravelí: 20 plataformas.
- Tambomayo, en Caylloma: 35 plataformas.
- Atolladero Hasret Fe, en Camaná: 20 plataformas.
Estos proyectos superan el límite de plataformas establecido en la propuesta normativa, ya que no aplican a la aprobación automática. Por el contrario, todos ellos se encuentran actualmente bajo el proceso regular de evaluación y fiscalización por parte del MINEM.
El debate estará en el control posterior
La propuesta del Minem busca agilizar la exploración minera y reducir los tiempos de tramitación. De hecho, en julio de 2026 el sector ya había modificado el reglamento para ampliar de 40 a 60 el número de plataformas que pueden tramitarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental, con un procedimiento de 30 días hábiles. El Ministerio sostiene que estas modificaciones buscan hacer más ágiles los procedimientos sin reducir los estándares de protección ambiental.
Por ahora, el cambio planteado por el Minem representa principalmente una reducción de la evaluación previa para determinados proyectos de pequeña escala, mientras que la eficacia de los mecanismos de fiscalización posterior será uno de los aspectos claves para determinar cómo funcionará en la práctica.
