Mientras los transportistas enfrentan amenazas, extorsiones y asesinatos, el Gobierno de Keiko Fujimori pide facultades legislativas para enfrentar la inseguridad. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de lado: ¿qué pasó con las leyes que el propio fujimorismo respaldó y que hoy son cuestionadas por sectores políticos y especialistas?
Pedro Herrera y una crisis que golpea a los transportistas
Pedro Herrera, padre de un niño y de 34 años, de nacionalidad venezolana, fue atacado dentro de un miniván por una presunta banda criminal denominada “Los Mexicanos”.
Los sujetos utilizaron una bomba molotov mientras el conductor descansaba en el interior del vehículo. El ataque fue tan rápido que el varón no pudo escapar.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad que viven los transportistas: la extorsión y el cobro de cupos se han convertido en una amenaza para quienes salen diariamente a trabajar.
La extorsión y el debate sobre las leyes contra el crimen
Según las cifras que manejamos para este análisis, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados contra transportistas en Lima y Callao, con 283 muertes.
Y mientras esta violencia continúa, también permanece el cuestionamiento a las denominadas “leyes procrimen”, un término utilizado por sus críticos para referirse a normas que, según ellos, debilitaron herramientas como la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes.
Aquí aparece la primera contradicción que plantea este debate.
¿Cómo se puede pedir ahora más facultades para combatir el crimen cuando el fujimorismo respaldó anteriormente algunas de las normas que hoy son cuestionadas por sus efectos en la lucha contra el crimen organizado?
El propio pedido de facultades presentado por el Ejecutivo contempla modificar normas relacionadas con la seguridad ciudadana y la criminalidad organizada. Sin embargo, el proyecto no incluye la derogación de las denominadas “leyes procrimen”.
Keiko Fujimori pide facultades legislativas
Keiko Fujimori ha pedido al Congreso facultades legislativas para que el Ejecutivo pueda emitir normas en materias relacionadas con seguridad ciudadana, criminalidad organizada y otros asuntos. El Gobierno sostiene que estas herramientas permitirían actuar con mayor rapidez frente a la delincuencia.
Pero el problema no es solamente preguntar qué quiere hacer el Gobierno con estas facultades.
También hay que preguntar:
¿Por qué necesita más poder legislativo un Gobierno que ya tiene un Congreso con capacidad para debatir y aprobar leyes?
Y todavía hay una pregunta más incómoda:
¿A quién beneficiarían realmente estas nuevas facultades?
No se trata de afirmar sin pruebas que existe un beneficio para determinados grupos. Se trata de exigir que el Gobierno explique con claridad qué normas quiere modificar, por qué quiere hacerlo y a quiénes podrían afectar esas modificaciones.
¿Más facultades significan más seguridad?
El Ejecutivo sostiene que necesita rapidez para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, otorgar facultades legislativas no significa automáticamente resolver la extorsión.
Porque mientras se discuten nuevas normas, los transportistas siguen enfrentando amenazas.
Mientras se habla de combatir al crimen organizado, todavía existe una discusión pendiente sobre las normas que ya fueron aprobadas.
Y mientras se solicita mayor capacidad para legislar, la ciudadanía sigue esperando soluciones progresivas frente a una crisis que no deja de crecer.
La pregunta que queda sobre la mesa
Entonces, no se trata solamente de estar a favor o en contra de Keiko Fujimori.
La pregunta es otra:
¿Las facultades legislativas son realmente la solución que necesitan los transportistas frente a la extorsión?
¿O antes de pedir nuevas facultades debería revisarse qué leyes se aprobaron, quiénes las respaldaron y qué consecuencias tuvieron?
Porque si el argumento es combatir la criminalidad, entonces las cartas deberían estar sobre la mesa.
No solamente nuevas facultades.
También explicaciones sobre las decisiones que ya se tomaron.
Y, sobre todo, resultados para un país que sigue esperando respuestas frente a la inseguridad.
