Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una fecha que nació en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina. Desde entonces, el 28S se convirtió en una jornada para visibilizar las dificultades que enfrentan las personas gestantes para acceder a servicios de salud reproductiva y para debatir las leyes que regulan la interrupción del embarazo en América Latina.
En el Perú, la discusión tiene una particularidad: el aborto no está permitido de manera general. El Código Penal establece que el aborto terapéutico no es punible cuando, con consentimiento de la gestante o su representante legal, es practicado por un médico porque constituye el único medio para salvar su vida o evitar un mal grave y permanente en su salud. El Ministerio de Salud cuenta además con una guía técnica para la atención de estos casos cuando el embarazo es menor de 22 semanas.
Pero detrás de las normas existen situaciones que muestran las dificultades para acceder a una atención oportuna. La Defensoría del Pueblo ha advertido especialmente sobre niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, debido a los riesgos que un embarazo puede representar para su salud y su proyecto de vida. En enero de 2026, la institución informó sobre el caso de una niña de 10 años embarazada producto de una violación sexual en Arequipa y cuestionó las demoras en la atención de su situación.
Una fecha que también pone la mirada en las niñas
La realidad peruana hace que el 28S no se limite al debate sobre la legislación. También pone sobre la mesa el embarazo producto de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Según información de la Defensoría del Pueblo, durante 2023 se registraron 42 828 nacimientos cuyas madres tenían entre 0 y 19 años, incluidos 1 349 nacimientos de niñas menores de 14 años.
La situación continúa siendo un desafío para el Estado. En los primeros siete meses de 2026, los Centros Emergencia Mujer y Familia atendieron 7 581 casos de violación sexual, de los cuales el 94,6 % correspondió a víctimas mujeres. La Defensoría también señaló que solo 2 446 de estos casos fueron derivados a establecimientos de salud para recibir el Kit de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual.
El 28S, por tanto, vuelve a colocar una pregunta en el debate peruano: ¿qué ocurre cuando un derecho reconocido por la normativa no puede ejercerse de manera oportuna? La discusión sobre el aborto en el país no solo involucra posiciones políticas y jurídicas, sino también el acceso efectivo a servicios de salud, la atención de víctimas de violencia sexual y la protección de niñas y adolescentes.
